Laz lucio abogado
españa

El interés general en síntesis y constitucionalmente distinto del perseguido políticamente

Es una tarea muy difícil conceptualizar de manera concreta el INTERÉS GENERAL, máxime en tiempos de políticos modernos y capaces de vaciar “el contenido esencial” del mismo. No obstante, es oportuno señalar la importancia en una sociedad democrática de esta vieja e importante institución, ya que como no podría ser de otra manera, el interés general viene a ser el legitimador de la existencia del mismísimo ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO que conocemos.

En este sentido, cabe reseñar el Conseil d´Etat, en “rapport del año de 1999”, de reflexiones sobre el interés general, que afirma que la esencia de la acción del Estado está “enraizada indisolublemente” con el interés general, que “siempre está en la base y en la finalidad del entero quehacer del Estado y de la Administración pública” (Rodríguez-Arana, 2012).

La mayoría desconoce, pero el concepto de interés general tiene su origen en el derecho privado (Terol Becerra, 1985), y desde su introducción en el Derecho Público hasta los días actuales ha sido un gran problema tanto para los juristas como para la jurisprudencia a la hora de definirlo de manera específica. En el texto constitucional, dado que, como se puede observar en el mismo, según el contexto el interés general puede venir expresado con diferentes terminologías, con funciones distintas y generales (Véase los arts. 30.3, 33.3, 34.1, 44.2, 47, 57.3, 76.1, 103.1, 124.1, 128.1 y 2, 137, 144, 149, 150.3 y 155 de la Constitución).

Así que la dificultad de determinar concretamente este concepto ha llevado (de forma unánime) a que autores, entre otros, López Calera (2010), entiendan que se deba incluir tal institución en la categoría de concepto jurídico indeterminado, debido a que los constantes intentos de concretarlo no han tenido éxito, llegando siempre al mismo lugar, es decir, definiciones abstractas o genéricas. En este sentido, González Hernández (2019:187) concluye que “por ‘interés’ y ‘general’, deberíamos entender, terminológicamente hablando: lo que conviene a la comunidad o interés omnium recte facere. Lo que no reduce ni un ápice la indeterminación inicial del concepto.”

Sin embargo, pese este carácter indeterminado, es posible definirlo de manera más concreta debido a que en la Constitución Española de 1978 el interés general ha adquirido dimensiones de principio general de Derecho. La consecuencia de ello es que, tanto las normas jurídicas (principalmente las administrativas, aunque todos los poderes del Estado están, de una manera o de otra, directa o indirectamente al servicio del interés general), como las decisiones políticas, deberán ser interpretadas en el sentido que más favorezca a los intereses generales. En otras palabras, la legitimidad de las normas jurídicas dependerá de que su objetivo sea la protección de bienes jurídicos.

Por tanto, en este sentido, el interés general es un principio de actuación de las Administraciones Públicas sirviendo de guía en cuanto a sus acciones, y por tanto, como antes dicho, dotando de sentido la existencia del propio Estado (ej. El interés general es el legitimador para que se establezcan tributos y tasas, expropiación de bienes-propiedad privada-, la regulación de las actividades ciudadanas de todo tipo, además de legitimar las sanciones e incluso -limitar derechos fundamentales- las penas de privación de libertad).

Dicho esto, se puede afirmar que las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas -en adelante CCAA-, Municipios…), tienen como justificación y legitimidad de su existencia el servicio al interés general. Así, como es lógico, el interés general no es un cheque en blanco, por eso excluye la discrecionalidad de la actuación administrativa, en el intento de evitar que este concepto se convierta en un peligroso medio para el autoritarismo y ejercicio unilateral del poder. En esta línea, cabe citar el importantísimo artículo 103.1 de la Constitución que hace un mandamiento y explica claramente cuál es el objetivo y la dirección con que deben ser tomadas las decisiones de la Administración:

“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. En este sentido, y con relación a su función, se puede decir que el «interés general» tiene un doble concepto: por un lado, dar legitimidad a la actuación de la Administración, y por otro, limitar las potestades administrativas.

Y, por último, pero no menos importante, cabe decir que “El juez o tribunal contencioso administrativo podrá anular un acto por desviación de poder”. En otras palabras, el juez o tribunal contencioso administrativo puede examinar si el acto en cuestión se configuró atendiendo al interés público previsto en la norma al que debe ir destinado (Véase la STC 130/91, de 6 de junio (FJ, 5) y el art. 106.1 CE).

Por lo expuesto, y en base a la situación política actual, a mi juicio, los políticos modernos (“de la nueva política”), persiguen a cualquier otro interés, excepto al INTERÉS GENERAL contenido en nuestra Carta Magna.

Etiquetas

Comparte este post